EL PRIMER INFORME DE INCIDENCIA DE AMAZON UNDERWORLD SE ELABORÓ EN COLABORACIÓN CON AMAZON WATCH Y GI-TOC. EL DOCUMENTO MUESTRA CÓMO LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LOS GRUPOS ARMADOS HAN AMPLIADO SU PRESENCIA, AUMENTADO SU CONTROL POLÍTICO Y DIVERSIFICADO SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA AMAZONIA, CAUSANDO GRANDES DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE Y A LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS.
Las actividades delictivas en la Amazonía, como la minería ilegal y el narcotráfico, impulsan la violencia y contribuyen a la deforestación y otras formas de degradación de la mayor selva tropical del mundo y un regulador climático crucial. La expansión de la delincuencia organizada plantea graves amenazas al ecosistema amazónico y a quienes están mejor situados para defender su bienestar: las comunidades indígenas. A medida que aumenta la violencia, los pueblos indígenas y los defensores de la tierra son asesinados.
A pesar de estas crecientes amenazas, muchos pueblos y comunidades indígenas defienden valientemente sus territorios y medios de subsistencia en toda la Amazonia. Su resistencia adopta muchas formas: en Perú, el pueblo Wampis se organiza para proteger sus territorios y expulsar a los mineros del oro, mientras que los pueblos Kakataibo y Shipibo-Konibo organizan guardias indígenas para protegerse de las invasiones de las plantaciones de coca. En Ecuador, la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo moviliza a sus pueblos y presiona al gobierno para que actúe contra la minería ilegal. Mientras tanto, en Brasil, los Munduruku, Yanomami y Kayapó han formado una alianza histórica para resistir a los mineros ilegales en sus territorios. Sin embargo, esta vital labor de defensa del medio ambiente tiene un costo enorme. Las organizaciones y líderes indígenas se enfrentan a constantes amenazas contra sus vidas y las de sus familias, convirtiéndose cada vez más en blancos de violencia y asesinatos al oponerse a las fuerzas criminales que destruyen sus tierras ancestrales.
Este nuevo informe adopta una visión regional de la cuestión con el fin de abogar por políticas eficaces e integrales que pongan los derechos indígenas en el centro de los esfuerzos para frenar la delincuencia organizada.
El informe propone la necesidad de políticas públicas integrales que vayan más allá de las respuestas represivas y esporádicas de las fuerzas del orden. Por el contrario, apuntan a transformar las condiciones estructurales que impulsan las actividades delictivas, fortaleciendo las capacidades y la colaboración entre los diferentes grupos de interés estatales y no estatales para contener el crimen organizado.