La transición global hacia la energía limpia, el aumento de los presupuestos de defensa y los avances tecnológicos han creado una demanda sin precedentes de elementos de tierras raras y minerales esenciales para vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares y sistemas de defensa. Sin embargo, la selva amazónica, que alberga importantes yacimientos de estos materiales, se está convirtiendo en un campo de batalla en el que los recursos necesarios para un futuro sostenible se extraen mediante operaciones controladas por grupos armados, lo que conlleva violaciones sistemáticas de derechos humanos y la devastación del medio ambiente.

Mientras los gobiernos latinoamericanos luchan por cartografiar las reservas y regular la extracción, las redes criminales se han infiltrado en el sector. El ELN y la Segunda Marquetalia (disidentes de las FARC), organizaciones colombianas designadas como terroristas, junto con mineros extranjeros y miembros de agencias gubernamentales venezolanas involucradas en el comercio ilegal de minerales, ahora controlan importantes operaciones de extracción en la Amazonía. Estos grupos eluden la supervisión y canalizan los minerales hacia las cadenas de suministro mundiales mediante la violencia, lo que hace que diferentes actores de la cadena de suministro se conviertan en financiadores del terrorismo y los abusos, independientemente de si conocen o no el origen de estos materiales.