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A pesar de estas crecientes amenazas, muchos pueblos y comunidades ind\u00edgenas defienden valientemente sus territorios y medios de subsistencia en toda la Amazonia. Su resistencia adopta muchas formas: en Per\u00fa, el pueblo Wampis se organiza para proteger sus territorios y expulsar a los mineros del oro, mientras que los pueblos Kakataibo y Shipibo-Konibo organizan guardias ind\u00edgenas para protegerse de las invasiones de las plantaciones de coca. En Ecuador, la Federaci\u00f3n de Organizaciones Ind\u00edgenas del Napo moviliza a sus pueblos y presiona al gobierno para que act\u00fae contra la miner\u00eda ilegal. Mientras tanto, en Brasil, los Munduruku, Yanomami y Kayap\u00f3 han formado una alianza hist\u00f3rica para resistir a los mineros ilegales en sus territorios. Sin embargo, esta vital labor de defensa del medio ambiente tiene un costo enorme. Las organizaciones y l\u00edderes ind\u00edgenas se enfrentan a constantes amenazas contra sus vidas y las de sus familias, convirti\u00e9ndose cada vez m\u00e1s en blancos de violencia y asesinatos al oponerse a las fuerzas criminales que destruyen sus tierras ancestrales.<\/p>\n\n\n\n
Este nuevo informe adopta una visi\u00f3n regional de la cuesti\u00f3n con el fin de abogar por pol\u00edticas eficaces e integrales que pongan los derechos ind\u00edgenas en el centro de los esfuerzos para frenar la delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n
El informe propone la necesidad de pol\u00edticas p\u00fablicas integrales que vayan m\u00e1s all\u00e1 de las respuestas represivas y espor\u00e1dicas de las fuerzas del orden. Por el contrario, apuntan a transformar las condiciones estructurales que impulsan las actividades delictivas, fortaleciendo las capacidades y la colaboraci\u00f3n entre los diferentes grupos de inter\u00e9s estatales y no estatales para contener el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n