Instalado en el territorio ancestral, el Comando Vermelho compite por el espacio con escuelas, centros de salud, la base de la organización estatal indígena (Funai), garimpeiros y milicianos, al tiempo que coordina las máquinas que talan el bosque en la frontera entre el estado brasileño de Mato Grosso y Bolivia.
Caminaba con su familia junto a una mina de oro a la que los residentes llamaban “Seis”, cerca de Cururu y de la Serra da Borda, una de las aldeas del territorio donde viven más de 200 indígenas de la etnia Nambikwara, subgrupo Katitaurlu. Cuando lo vio, el garimpeiro ya apuntaba su frente desde lejos “con una luz roja, como si fuera una mira láser”, cuenta K*.
Al verlo armado, la joven se escondió en un hoyo. Unos hombres la persiguieron pero ella y su familia lograron huir hacia la aldea. «Querían matarla, la llamaron bandida. Pero ella no estaba robando, estaba caminando, estaba dando un paseo. No hay dónde caminar. Los verdaderos delincuentes son ellos, que están invadiendo la tierra de nuestra gente», reclama K.
«Llevan máscaras. Pistolas calibre 12, rifles, armas pesadas. Los he visto varias veces», dice K., de 24 años, residente del Territorio Indígena Sararé, en Mato Grosso, suroeste de Brasil, cerca de la frontera con Bolivia. Era una tarde de marzo. Tumbada en una hamaca mientras calentaba el almuerzo en la fogata, miró hacia lo alto de la sierra, en dirección a la selva, donde está la mina de Cururu. El lugar está dominado por el Comando Vermelho (CV), una facción nacida en Río de Janeiro. «Algunos son traficantes, otros son del Comando. A veces, nos los encontramos, nos topamos con ellos. Este mismo año los vi. A veces vienen, preguntan por alguna persona… A la aldea de mi papá siempre van armados, pasan por la carretera, de noche, transportan excavadoras hidráulicas…», añade.
K., quien prefirió no ser identificado por temor a la violencia, cuenta que el ataque a la joven pasó en 2024, en una zona especialmente densa de la selva de Sararé —ese año la reserva indígena más deforestada de Brasil—, que el garimpeiro era un soldado del CV, y que a quien apuntó con el rifle era su excuñada, una joven indígena.
La región aurífera comenzó a ser explotada por los portugueses ya en el siglo XVIII. Luego llegaron los madereros en busca de caoba, los garimpeiros con motores y chorros de agua y, finalmente, las excavadoras hidráulicas, que devoran grandes extensiones de selva en pocas horas.
Según el exdirector de Protección Ambiental y actual presidente interino del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), Jair Schmitt, la fiebre del oro en la región cobró fuerza a partir de 2023, cuando el gobierno de Lula llevó a cabo operaciones de desalojo de minas en otras tierras indígenas del país, como Yanomami, en Roraima, y Kayapó, en Pará. “Se está presionando a otros frentes de minería; hemos reducido [las minas en las tierras] de los yanomami y los kayapó, por lo que las bandas más organizadas intentan instalarse en otros lugares”, dice. Como Sararé.
El comisario Éder Rocha, que dirige la comisaría de la Policía Federal en Cáceres, cuya jurisdicción abarca la zona de las minas de oro pero está ubicada a 300 kilómetros del garimpo, comparte esta impresión. La comisaría se encarga de las investigaciones abiertas para esclarecer los delitos cometidos en Sararé. «Como se endureció la fiscalización más al norte, como en el Territorio Yanomami, por ejemplo, los tipos empezaron a bajar y fueron descubriendo oro aquí», dice.
«En los últimos tres años, el negocio se disparó (…)
Antes se veía selva,
ahora solo se ve tierra, lodo.
Es una destrucción.
Es mucho el oro que sacan de ahí».
Al excavar con maquinaria pesada en los ríos y los bosques en busca de pepitas de oro, los garimpeiros provocan un impacto ambiental devastador. De las 67 mil hectáreas del Territorio Indígena Sararé, 4 200 se han visto afectadas hasta ahora por la minería ilegal, según el gobierno brasileño. Como destacó el comisario Rocha, es posible apreciar la magnitud de los daños en imágenes satelitales y sobrevuelos, como el realizado por InfoAmazonia en 2024. Son grandes extensiones de selva densa transformadas en enormes cráteres llenos de lodo.
El concejal del municipio de Conquista D’Oeste, Sergio Beck, ejerce como profesor y misionero religioso en el territorio Sararé desde 1998. Notó la llegada masiva de excavadoras a la región en la época de las operaciones en las tierras yanomami y kayapó. «Llovieron máquinas por aquí», dice. Según él, también llovieron garimpeiros. «Eran verdaderas oleadas. Llegó un grupo, de repente llegó otro, y las máquinas no paraban de llegar». Al menos desde el inicio del gobierno de Bolsonaro, cuenta el político, comenzó a ver excavadoras hidráulicas en actividad en los alrededores. Elegido en 2018, el expresidente Jair Bolsonaro —cuyo padre, Percy Bolsonaro, explotó oro en Serra Pelada, un gran yacimiento minero de los años ochenta, ubicado en el estado de Pará—, ha defendido la minería en tierras indígenas.
En la mina de Cururu —sede del Comando Vermelho, según las autoridades—, el impacto también es subterráneo. Se excavan túneles de hasta 150 metros de profundidad en lo alto de la sierra. Una vez abajo, los garimpeiros utilizan dinamita y explosivos en gel para hacer explotar el interior de la montaña y, de las rocas desmenuzadas, extraer el oro.
El territorio indígena es objeto de varias solicitudes de prospección y explotación minera. Una de las empresas que solicita autorización a la Agencia Nacional de Minería (ANM) para explorar minerales en la región del Territorio Indígena Sararé es MT Borges Terraplanagem. La empresa está registrada a nombre de Wanderlan Borges Godoy, conocido como Mutum. En septiembre de 2022, fue acusado de matar a tiros a José Reginaldo Azevedo, conocido como Zezinho, mientras se emborrachaba en la mina Cururu, durante la madrugada.
En 2024, ya era evidente que la destrucción provocada por los garimpeiros se extendía por amplias zonas de la tierra indígena. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) había registrado la deforestación de 2.865 hectáreas dentro del territorio demarcado ese año, una cifra un 260 % mayor que las 11 hectáreas deforestadas cuatro años antes, en 2020.
En los últimos seis años, entre 2020 y 2025, se talaron 4.932 hectáreas de bosque en el Territorio Indígena Sararé.
La destrucción ambiental se intensificó al mismo tiempo que surgieron los primeros informes de que, en la región, había aumentado el apetito del Comando Vermelho por el oro, así como de otros grupos criminales, entre ellos una banda formada por policías militares.
Comparación de imágenes satelitales que evidencian el avance de la extracción ilegal de oro y los daños al ecosistema dentro del Territorio Indígena Sararé. A la izquierda, imagen del 2020. A la derecha, de 2026.
Facción versus milicia
Los municipios de Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Nova Lacerda y Conquista D´Oeste —todos ellos cercanos al Territorio Indígena Sararé— se encuentran entre los 481 de la Amazonía brasileña (el 62 % del total analizado) que se enfrentan a la presencia de facciones criminales y grupos armados, según el mapeo de Amazon Underworld actualizado con datos de seis países amazónicos hasta 2025.
Ricos en oro, estos municipios están hoy cubiertos de pastizales con ganado e inmensos campos de soja. Grandes empresarios del agronegocio, como las familias Maggi y Sanches Tripoloni, por ejemplo, poseen fincas a lo largo de las carreteras secundarias que conducen a los yacimientos auríferos. El aumento de las minas de oro, presentes en la zona desde la época colonial, se nota en la proliferación de tiendas de equipos y de compra de oro, así como de lavanderías que atienden a los garimpeiros en las ciudades, invariablemente pintadas con las siglas de la facción que domina el crimen en la región: CV.
Las investigaciones de la Policía Federal de Cáceres han revelado recientemente, por ejemplo, que un capitán de la Policía Militar de Pará dirigía una mina de oro dentro del territorio indígena. Los policías militares de Mato Grosso también están involucrados en la extracción ilegal de oro. “El Comando Vermelho llegó y acorraló fácilmente a los indígenas, pero cuando llegaron para intentar quitarles [las minas] a los tipos que eran policías, hubo más resistencia. Ahí se sintió mucha más violencia», dice el comisario Rocha. «Tuvieron dificultades para enfrentarse a los policías que eran dueños de los pozos».
Asegura que en las minas de la Reserva Indígena Sararé muere mucha gente. “Allí la situación es muy violenta. He oído decir que hay un cementerio cerca de la mina. Allí se mata y se muere”, dice el comisario. De vez en cuando aparece un cadáver tirado en la carretera, para que la policía no tenga que entrar en la mina a recogerlo. Algunos de los puntos de extracción de oro limitan con grandes propiedades rurales de la región, rica en soja, lo que a veces dificulta el acceso de la policía.
En Sararé operan otras bandas acusadas de dedicarse a la explotación de minas de oro ilegales, entre las que se encuentra “Boi na Brasa”, un grupo familiar de Itaituba (Pará) que se dedicaba al negocio de los restaurantes antes de incursionar en la minería ilegal de oro, considerada como la más especializada en minas en la Amazonía por los inspectores del Ibama. Repartidos por la región amazónica brasileña, en Pará y Mato Grosso, los garimpeiros de este grupo son más eficientes que cualquier otra facción, capaces de extraer más oro en menos tiempo, cuenta un funcionario del organismo.
Fuentes policiales y de inteligencia brasileñas dijeron que hay investigaciones en curso para determinar el destino del oro que se extrae de Sararé y que tienen indicios de que sale hacia Bolivia y Venezuela, donde es blanqueado.
En las altas esferas del Ibama, el avance de las facciones originarias del sudeste, como CV, hacia la Amazonía se considera un hecho consolidado. “Hoy en día, en la Amazonía, el crimen organizado domina cada vez más las zonas de minería artesanal”, afirma Jair Schmitt. Los inspectores de Ibama se dan cuenta de esto cuando se acercan a supuestos garimpeiros sin callos en las manos, a veces con restos de aceite en las esquinas de las uñas: por lo general, son las manos de los guardias de seguridad del CV, con los dedos pegajosos por el lubricante que gotea de los fusiles.
Los policías y las autoridades entrevistadas para este reportaje coinciden en que el CV llegó a las minas de Sararé poco a poco. Primero, para vender drogas. Después, para proporcionar seguridad a los garimpeiros interesados en defender sus zonas de otros mineros, invasores y, a veces, incluso de la policía. Hoy, la facción controla sus propios “pozos”, como dice el cacique Z., uno de los líderes del territorio indígena. “Hace cuatro años comenzó un movimiento de armamento pesado”, dice. “Caminabas por el monte y escuchabas el motor en marcha, veías a los garimpeiros armados. Ni siquiera son mineros, son gente del Comando. Aquí el Comando Vermelho ha tomado el control”.
Los dos mayores grupos criminales de Brasil, el CV y el Primeiro Comando da Capital (PCC, nacido en Sao Paulo) están en la mira del gobierno de Estados Unidos. El pasado 28 de mayo la administración Trump anunció su decisión de designarlos como grupos terroristas, lo que fue rechazado por el gobierno Lula que pidió respeto a la soberanía de Brasil.
En Sararé, el cacique Z. dice que también ha visto a los miembros de la facción. “Se ven unos treinta o cuarenta soldados. Se les llama ‘soldados’, ¿no? Se oye cada disparo”, dice. “El Comando vio ese oro y montó una [mina] solo para el Comando”. Ahora, cuenta, es común caminar por los senderos del bosque y encontrar las siglas de la facción de Río marcadas en varios árboles a lo largo del camino: CV.
Los senderos conducen a minas de oro que se multiplican. Cururu. Grota da Taca. Fofoquinha. Estas tres son el foco del Comando Vermelho. También están el Diez. Ocho. Doce. Catorce. Seis. Cuatro. Tres. El Cururu es el que más se expande. En lo alto de la Serra da Borda, suelen esconderse desde garimpeiros tradicionales hasta fugitivos de la policía, según los indígenas. Hay un pequeño cultivo de marihuana allí.
“Yo veía gente ahí toda encapuchada, había veces que andaban con protección, con chalecos antibalas”, dice G., un líder indígena que prefirió no identificarse y que ha sido amenazado de muerte por garimpeiros en más de una ocasión. “Andaban por el monte con machetes buscando un lugar para garimpo, oro mismo. No podíamos hacer nada. Cuando uno iba un poquito detrás de ellos, disparaban a los árboles solo para asustar”. G. vio varias veces a garimpeiros encapuchados en el campamento minero Catorce. “Uno se asusta, ¿no?”.
El temor también proviene de un pasado marcado por las amenazas. En la década de los noventa hubo conflictos entre los Nambikwara y los madereros. El patriarca de los Katitaurlu, Américo Katitaurlu, ya fallecido, pasó parte de su vida cojeando de una pierna después de que los madereros torturaran a los indígenas, golpeándolos, llamándolos “cerdos” y atándolos a los árboles durante días y días, cuenta el concejal Sergio Beck. Más tarde llegaron las amenazas de los garimpeiros interesados en las riquezas de la selva.
En la comisaría de la Policía Federal de Cáceres se presentó en una ocasión una interceptación telefónica en la que un garimpeiro decía que, con una excavadora hidráulica, era posible obtener 150 mil reales en oro al día (unos 30 mil dólares), de los cuales quedaban 80 mil netos (unos 16 mil dólares) al final de la jornada, cuenta el comisario Rocha. “Él tiene hoy tres palas cargadoras, cada una de un millón (200 mil dólares). La máquina trabaja las 24 horas del día”, dice el comisario. Sin embargo, no todos los garimpeiros disponen de recursos, y algunos terminan trabajando para terceros.
En marzo, Orlean Maranhão, de 39 años, pasó 28 días en la mina Fofoquinha, trabajando para un hombre que había contratado a otros tres empleados. Tuvo que salir a toda prisa, debido a una megaoperación federal de desalojo, impulsada por la Casa de Gobierno, organismo de la Casa Civil de la Presidencia de la República, y que estaba en curso mientras hablábamos.
Sentado en la terminal de autobuses de Pontes e Lacerda, dice: “De cada veinte gramos [de oro extraído], me quedaba con un gramo y medio. El resto se lo quedaba el jefe [y el resto del equipo]”. Un gramo lo gastaba en 40 minutos con alguna de las prostitutas que trabajan en las minas, también pagaba el equivalente a 50 reales (10 dólares) por cada botella de cerveza. Mucha gente se escondía [en el monte] en la mina, dice. Hay mucha comida enterrada allí —estrategia común de los garimpeiros en los días de operación, cuando esconden lo que pueden para evitar que los agentes de policía lo destruyan.
En la primera semana de mayo, el gobierno federal anunció que se habían descubierto 23 campamentos de mineros ilegales tras un mes de incursiones diarias en el Territorio Indígena de Sararé. Las cifras incluyen la incautación de 90 mil litros de diésel, además de 190 generadores, 441 motores de minería y 971 kilos de explosivos destruidos o confiscados.
Tras la operación, muchos garimpeiros abandonaron las minas de Sararé. La Fuerza Nacional de Seguridad Pública instaló controles en los alrededores del territorio. A las 6:00, uno de ellos, Antonio Jorge, de 53 años, con dos dientes de oro, le explicó a un policía que su hermano está en la mina. “Vine a buscarlo”, dice. Al lado, un conductor de Urbano Norte —una aplicación de transporte que opera en la región— dice que cobra 250 reales (50 dólares) por el traslado hasta la ciudad. Caben cuatro en el auto, mil reales por viaje, dice que ayer mismo llevó a cuatro. En total, según una estimación de los líderes indígenas de la Asociación Katitaurlu, cinco mil garimpeiros llegaron a habitar las minas de su territorio recientemente. El 27 de marzo, entre las 7:00 y las 19:00, en uno de los controles, la policía detuvo 183 autos, 22 motos, 14 camiones y 784 personas.
Con ambos pies lastimados durante la huida de la policía, Nilton Peres de Assis, de 43 años, conocido como Charada, también logró llegar a la terminal de autobuses de Pontes e Lacerda. Hijo de un buscador de oro, llevaba 19 días en Cururu. Dejó su oro —27 gramos, según cuenta— enterrado cerca de un árbol en la mina. Tiene una oreja parcialmente cortada, secuela de un golpe con la culata de un arma que le propinó un carcelero mientras estaba preso por triple homicidio. «Maté, por desgracia. A tres. Con una pistola calibre 40. Me habían amenazado en Vilhena», dice. En Cururu, Charada buscaba trabajar por su cuenta, pero la facción lo acosaba. «El Comando Vermelho vive ahí», dice. «Esa gente es jodida, nos complican la vida. Ya quieren cobrar vacuna. Cobran 8 %, por ahora. Pero esas plagas solo aumentan, en un rato va a estar en 20 %. Uno no tiene paz. Se la pasan preguntando y preguntando. Cuando no es la policía, es el Comando Vermelho” .
Disparos en la madrugada
En octubre del año pasado, la Dirección de la Amazonía de la Policía Federal (Damaz) interceptó un mensaje del CV de Mato Grosso enviado por WhatsApp a los garimpeiros de la región de Alta Floresta, al norte del estado. El texto exigía el pago de cuotas en oro y el registro obligatorio ante la facción. Lea el texto completo a continuación:
Ilustración de mensaje textual enviado a través de WhatsApp por un miembro del CV de Mato Grosso a los garimpeiros de la región de Alta Floresta, al norte del Estado, interceptado por las autoridades brasileñas.
“El CV ha monopolizado la delincuencia en el estado; ellos dicen que todo lo que es ilegal es de ellos”, afirma un agente de la Damaz, que habló bajo condición de anonimato. El Comando Vermelho está presente en 139 de los 141 municipios investigados por Amazon Underworld en el estado de Mato Grosso en 2025.
El modus operandi siembra el miedo en el territorio Sararé. “Esta mina de Cururu comenzó en 2019”, dice la maestra Y., quien también prefirió no revelar su nombre real por temor a su seguridad. Ella vive y enseña en una de las aldeas cercanas a la mina.
La profesora señala un camino de piedras en lo alto de la colina, donde se encuentra la ruta que utilizan los garimpeiros que vienen desde Cururu en cuatrimotos. De vez en cuando, los indígenas bloquean el camino con ramas y troncos para evitar la entrada de intrusos, dice.
En 2019, según cuenta, los habitantes de la aldea empezaron a oír a lo lejos la música a todo volumen, las explosiones de dinamita, los motores y los disparos que provenían de la nueva mina. Siete años después, el ruido no ha cesado. “Oímos muchos disparos”, cuenta S., sentada en una silla vieja, rodeada de mujeres indígenas, mientras crías de mono araña descansan junto a perros somnolientos en el suelo de tierra, bajo una tienda hecha con paja de açaí. “Siempre hay disparos. Muchos. Los escuchamos mucho, de verdad”. Los indígenas katitaurlu a veces juegan a identificar los modelos de las armas a partir del ruido de los disparos. “Revólver. Doce. Rifle”, relata la maestra.
“En 2024 fue terrible. Se acercaron mucho”, dice. Y en noviembre de 2025, mientras supervisaban la siembra de maíz en uno de los campos del Territorio Sararé, las mujeres de la aldea volvieron a oír disparos. “Muy cerca de nosotras. Las guacamayas empezaron a gritar”. “Ya no se puede andar tranquila, hay que ir tanteando a ver si hay garimpeiros. Ellas [las indígenas] se esconden, tienen sus técnicas para caminar en silencio, todo un cuidado para salir. Nos vinimos”. S. hace una pausa. “Justo esta madrugada escuché disparos”, dice.
Esta vez, sin embargo, los disparos podrían haber procedido de helicópteros con agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), que participaban en la megaoperación y disparaban contra los árboles desde el aire con el fin de ahuyentar a las personas que se encontraban en las minas de oro.
Megaoperación
Con el apoyo del Ejército, la megaoperación había detenido a 81 garimpeiros hasta el 30 de marzo. La mayoría fue puesta en libertad durante la audiencia de prisión preventiva o pagó fianza, según la Policía Federal en Pontes e Lacerda. Días antes de que se desatara, la operación de desalojo fue anunciada en las redes sociales. En TikTok se multiplicaron los videos que mostraban las tiendas de campaña del Ejército. “Ellos saben por la radio cuándo llega la inspección”, dice un defensor público de Brasil, que prefirió hablar bajo condición de anonimato.
El núcleo central del grupo de trabajo para la expulsión de intrusos, liderado por el jefe de la Casa de Gobierno, Nilton Tubino, se instaló en la empresa minera São Francisco, vecina de los yacimientos del Territorio Indígena Sararé. La empresa, dedicada a la extracción de oro, pertenece a la familia Torres, cuyo patriarca, Wanderley Facheti Torres, es socio del gobernador de Mato Grosso, Mauro Mendes, de União Brasil, partido de oposición al gobierno Lula.
Mendes, por su parte, es socio en Maney Participações de Valdinei Mauro de Souza, conocido como Nei Garimpeiro, uno de los financiadores de las campañas de Jair Bolsonaro. Propietario de un aeropuerto y multimillonario, de Souza fue investigado por haber adquirido a contrabandistas más de 300 kilos de mercurio. El proceso sigue abierto. Maney Participações es socia de Wanderley Torres y Valdinei de Souza en la empresa Mineração Tirirical, registrada en la carretera Transgarimpeira, en Itaituba.
Mauro Mendes dejó recientemente el gobierno estatal para postularse a un escaño en el Senado en las elecciones de octubre. En el Congreso, varios proyectos de ley prevén la regulación de la minería en tierras indígenas. Durante abril de 2025, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, creó un grupo de trabajo para estudiar el tema. En la Corte Suprema Federal, el ministro Flavio Dino fijó un plazo de dos años para que el Congreso regule la exploración y la explotación minera en esos territorios.
Transeúntes, incluidos garimpeiros, trabajadoras sexuales, taxistas, conductores de aplicaciones, camioneros y hacendados son detenidos en un retén de la Fuerza Nacional en la TI Sararé, en Pontes e Lacerda, en el acceso principal a la mina.
Mientras patrullaba una carretera secundaria en compañía de agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, el coordinador de la megaoperación, Nilton Tubino, le dijo a Amazon Underworld que cuatro helicópteros sobrevolaban a diario la reserva indígena esa semana.
“Estos helicópteros pasan todo el tiempo, casi no pudimos dar clase por culpa de ellos. Vuelan muy bajo y los niños se ponen muy nerviosos”, dice la maestra S. Sin embargo, las molestias no se pueden comparar con las que ha causado la minería en los últimos años.
S. cuenta que las clases al aire libre con los niños, en las que recolectaban frutas y les mostraba el bosque, tuvieron que interrumpirse. La caza, la pesca y las abundantes recolecciones de miel y materiales para la artesanía ya no existen. El agua del río Sararé y sus afluentes, antes azul y cristalina, ahora es fangosa y turbia. Ya no hay cañas para fabricar arcos y flechas. Las mujeres katitaurlu no logran encontrar fibras de babaçu para fabricar las cestas que se usan para transportar la yuca en la época de cosecha. “Salíamos a cazar y nos encontrábamos con garimpeiros armados con rifles”, dice el cacique G. Se han roto matrimonios en las aldeas debido a que trajeron mujeres de fuera, lo que ha afectado las relaciones, dice la estudiante K.
Las drogas y el alcohol que les proporcionan a los jóvenes indígenas también se han convertido en un problema. “En este mismo momento, la maestra está allí sin ningún alumno de secundaria”, dice la maestra S., en la aldea. “Algunos se van, otros se dedican a la minería, beben cachaça. Hay días que vienen, días que no vienen”. En agosto de 2024, un estudiante indígena sufrió una sobredosis y murió en la aldea de Serra da Borda. En otra ocasión, la enfermera de la aldea les hizo un lavado de estómago a dos niñas y logró evitar que murieran de la misma manera. “A veces les ponen veneno en la bebida. Ellos venden drogas”, cuenta K.
Entre 2019 y 2023, se registraron 105 homicidios en Pontes e Lacerda, el municipio más grande cercano al Territorio Sararé; 74 de ellos (el 70 % del total) se cometieron con armas de fuego.
Acorralados por la violencia, algunos jóvenes y adolescentes de la etnia Nambikwara comenzaron a pintarse todo el cuerpo de negro, de pies a cabeza, con jenipapo [fruto del árbol del mismo nombre], y a realizar incursiones en las minas de oro. “Van solo en ropa interior, se pintan por completo, solo se les ven los ojos y la boca”, dice un líder que prefirió no identificarse. En octubre del año pasado, cuando una operación del Ibama se enfrentó a tiros con los garimpeiros en Cururu, los adolescentes observaron. De tanto vigilar las minas al acecho, sabían exactamente en qué choza estaban escondidas las armas. Al huir, los garimpeiros dejaron atrás fusiles y escopetas. Los jóvenes recogieron las armas y las escondieron en el bosque. “¿Qué piensa el indígena? Voy a tomar esas armas. Cuando ellos entren los atacaremos también”, cuenta el cacique Z., a quien la Funai pidió ayuda para localizar el armamento. “Ahora la Policía [PRF] anda por aquí todo el tiempo por culpa de esas armas. No sé si son del Comando o de los garimpeiros”.
*Todas las siglas corresponden a nombres que fueron reemplazados para proteger la identidad de las fuentes por motivos de seguridad.
