En la frontera entre Colombia y Venezuela, la minería ilegal de minerales estratégicos como el tantalio, niobio y tierras raras está alimentando una economía ilícita transnacional que involucra a guerrillas, grupos armados y redes criminales. Aunque en Colombia la Fuerza Naval de la Orinoquía ha incautado docenas de toneladas de ‘arenas negras’, las complejas redes de tráfico y la falta de un marco legal sólido impiden judicializar los materiales y frenar la extracción y el flujo ilícito. La ausencia de control estatal y las manipulaciones de títulos mineros facilitan el lavado de estos minerales, mientras que los vacíos legales permiten el auge de una industria minera ilegal que podría convertirse en una de las principales fuentes de conflicto en la región.
El brigadier general Rafael Olaya, Comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, ha combatido narcotraficantes en la costa Pacífica suroeste de Colombia y se ha sentado en la mesa de verificación para implementar la ambiciosa agenda de paz del presidente Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero más grande del país. Ahora enfrenta un nuevo adversario: la ausencia de marcos legales que regulen la extracción y comercialización de minerales críticos, lo que podría convertirse en un importante motor de conflicto en la frontera colombo-venezolana.
“Nosotros en el territorio en donde solamente estamos fuerza pública tratando de —con base a toda esta condición normativa— ejercer la autoridad, nos encontramos con una cantidad de vacíos, incluyendo la ausencia de quienes deberían estar regulando la minería en Colombia», dice Olaya desde su oficina repleta de parafernalia militar en Puerto Carreño, ciudad fronteriza con Venezuela y capital del departamento colombiano de Vichada.
El serio y experimentado oficial naval está a meses de ascender a Mayor General de Infanteria de Marina, uno de los rangos más altos en la Armada. A pesar de su reticencia a reconocerlo, sus fuerzas han incautado la mayor cantidad de ‘arenas negras’ en la historia de Colombia. Bajo su supervisión, la Fuerza Naval de la Orinoquía ha capturado 60 toneladas en solo unos pocos meses. Se trata de pesados sacos de mineral que contienen estaño, tantalio y tierras raras que atraviesan las regiones de la Orinoquia y la Amazonía del Escudo Guayanés.
“Por parte del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería deberíamos prestarle un poco más de atención a esta región porque, no es que sea el Estado colombiano, es que en estos momentos el tema de tierras raras está influenciando en conflictos a nivel internacional, en lo comercial a nivel internacional, estamos hablando del mayor comercializador, que es la China”, enfatiza, sobre el mayor productor y procesador de tierras raras del mundo.
Pero las incautaciones revelan una paradoja preocupante.
Fuentes policiales y de inteligencia, e involucrados en la extracción y transporte ilegal, confirmaron a Amazon Underworld que la mayoría de estos minerales provienen de sitios mineros ilegales controlados por guerrillas en Venezuela.
Sin embargo, una gran parte de lo incautado ha sido devuelta a quienes las transportaban.
¿Por qué? Los esquemas de tráfico están diseñados con suficiente ingenio para hacer parecer que toda la legislación se está cumpliendo.
“Desafortunadamente, esa debilidad normativa es la que impide que se llegue a ese punto de judicializar el material”, explica el general Olaya, elogiando la calidad de los concentrados incautados: “Estamos viendo que es un peritaje en donde ese material es de tan alto nivel que solamente se puede lograr si es una explotación industrializada, una explotación especializada, que es lo que hace que se dé ese grado de pureza de ese material”.
Sin embargo, a pesar de sobrevuelos frecuentes, la Armada no puede localizar las minas reales dentro de su territorio. “Pero si usted se pone o vuela sobre el territorio bajo mi responsabilidad, no ve esos socavones, esos daños ambientales que se están presentando, esa escala industrial que supone la calidad del material que se está sacando, y es muy complicado determinar si realmente lo están haciendo directamente desde el lecho de los ríos o si podría haber una situación en donde estén trasladando material desde otro país hacia Colombia”.
La respuesta está en la manipulación de documentos. Para evitar el escrutinio legal, los minerales de origen ilegal se emparejan con documentación de títulos mineros colombianos legítimos, a menudo incompletos o fraudulentos. Respecto a esto último, Olaya explica: “Estos títulos también sirven para legalizar minerales que vienen de otras regiones y hacerlo pasar (como) si fuera explotación dentro de un título donde no ocurre. Lo único que necesitan es colocar esas grandes cantidades de material y formalizarlo”.
El esquema explota frecuentemente permisos de minería a pequeña escala dentro de resguardos indígenas, donde el Estado —incluyendo las tropas de Olaya— enfrenta restricciones de acceso y no puede monitorear efectivamente si está ocurriendo una explotación real. Inclusive, un oficial cuenta que, en una ocasión, cerca de Puerto Nariño, en el departamento de Vichada, mineros indígenas que celebraban en la orilla del río, dentro de su área protegida, se bajaron los pantalones y se expusieron ante una patrulla naval que pasaba.
Mineros indígenas consultados por Amazon Underworld indican, no sin antes pedir protección a su identidad, que la información se filtra a las redes criminales que controlan el equipo minero: “Y antes de que pase eso, ya en Inírida, avisan unos cinco días antes. Va a ir el gobierno para allá, ya uno sabe, ya da chance para uno guardar, como decir, las balsas (mineras), todos los materiales que se trabaja ahí. Las minas, los tambores, esconder el combustible, todo”, asegura uno de ellos.
Ocultar el equipo requiere un esfuerzo enorme: “Cuando estuve allá me tocó esconder cuatro veces la balsa. Tuvimos que abrir una pica, abríamos una zanja grande, a 500 metros, recogíamos unos días antes de que pasara el gobierno e íbamos simulando que sembramos matas, porque apenas estaban puestas nada más”.
Existe un vacío legal perfecto en un marco jurídico imperfecto, uno que permite que toneladas de minerales venezolanos fluyan a través de Colombia con el barniz de la legalidad.
En Amanavén, una población ribereña de Vichada frente al pueblo venezolano de San Fernando de Atabapo—un punto principal de partida hacia las minas del Parque Nacional Yapacana—, están atracadas menos de una docena de embarcaciones. Tiendas, denominadas ‘La Cuñada’, ‘La Cariñosa’ y ‘Las Toninas’’, venden suministros básicos y productos alimenticios, pero según la Armada colombiana, estas casas flotantes son infraestructura crucial donde se almacenan las ‘arenas negras’, un conglomerado de minerales pesados de alto valor económico y estratégico, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, que pueden incluir: tantalio, niobio, estaño, tungsteno e, incluso, elementos de tierras raras .
Este es uno de los puntos críticos de recolección de minerales. Está rodeado de circunstancias que resaltan la informalidad del negocio. “En algunos lugares hemos encontrado ese tipo de arena, se han hecho las diferentes incautaciones y verificaciones cuando no tienen la documentación y puesta a disposición de las autoridades competentes”, dice el coronel Higuera, un joven oficial de la Fuerza Naval de la Orinoquía que llevaba chaleco antibalas y casco. “Es muy probable que aquí, en este momento, haya integrantes de grupos armados”, añade. En diciembre de 2024, la Armada allanó una de esas embarcaciones e incautó 13 toneladas de concentrado de arenas negras, perteneciente a una empresa comercializadora de minerales, Gracor. Posteriormente, en abril, la jueza promiscuo municipal de Cumaribo, Vichada, Ximena Ramírez Zambrano, ordenó devolver los minerales incautados a Gracor, citando irregularidades en el proceso, a pesar de las objeciones de la Fiscalía y los argumentos de la Armada.
Amazon Underworld visitó Amanavén en mayo de 2025 junto a un equipo de la Armada colombiana, en un ambiente tenso donde los lugareños comenzaron a filmar y cuestionar nuestra presencia en el lugar. El coronel Higuera, se acercó a tres nerviosos hombres venezolanos vestidos de negro en el restaurante del caserío para estrecharles la mano. “Estos colaboran con el ELN. Esos tres sujetos que están ahí”, dice Higuera después, citando inteligencia naval, pero argumentando que no podía actuar por la falta de órdenes de captura.
En una extraña mezcla de fuerzas estatales venezolanas cercanas, comerciantes de minerales y la guerrilla colombiana, Amanavén ejemplifica la incapacidad para actuar contra esta creciente economía ilícita mientras el marco legal va a la zaga y las herramientas legales y técnicas para identificar minerales críticos y tierras raras son insuficientes.
El General Olaya estima que aproximadamente 80 toneladas de “arenas negras” transitan mensualmente por los departamentos colombianos de Guainía y Vichada, aunque esta cifra probablemente representa el extremo inferior de los volúmenes reales. Como señaló: “Están sacando a diestra y siniestra tierras raras”.
El movimiento desde los sitios de extracción venezolanos hacia territorio colombiano depende de una red de intermediarios y puntos de recolección estratégicamente posicionados a lo largo de la frontera.
Compradores indígenas y otros recolectores sirven como enlaces entre mineros y empresas o compradores colombianos, facilitando el frecuente movimiento transfronterizo de minerales.
Estos puntos de recolección están deliberadamente posicionados para explotar la naturaleza porosa de la frontera. Cuando las fuerzas estatales venezolanas amenazan las actividades de tráfico, los operadores pueden mover rápidamente los minerales a través del río hacia Colombia, y viceversa. Algunos operadores prefieren esconder minerales en las orillas colombianas del río para prevenir el robo por parte de unidades de la Guardia Nacional Venezolana cuya participación en el comercio ilegal, que va desde la reventa para beneficio personal hasta sus asociaciones con grupos armados, está ampliamente documentada.
Justo frente a Amanavén, ya en territorio venezolano, varios botes equipados de la Guardia Nacional Venezolana están atracados. En febrero de 2025, miembros del organismo militar intentaron secuestrar a personal de Gracor, una empresa colombiana de comercio de minerales cuyo equipo saltó al agua para evadir la detención, y robaron más de 400 kilogramos de ‘arenas negras’, según un representante de Gracor.
En centros de recolección en lugares como Amanavén, Puerto Inírida y Carlos Lata, los minerales se someten a procesamiento básico y evaluación de calidad. Amazon Underworld pudo ver un video de compradores transfiriendo minerales de sacos a cubetas para un pesaje preciso, un proceso diseñado para prevenir el fraude mediante la mezcla de minerales valiosos con arenas oscuras de calidad inferior. Los sacos se marcan sistemáticamente con cinta de colores para identificar la propiedad, y a veces se emplean espectrómetros, aparatos para verificar la calidad del material.
Los grupos armados controlan puntos críticos de tránsito a lo largo de rutas de contrabando, cobrando sobornos en lugares como Isla Ratón del lado venezolano del río Orinoco y Carlos Lata, donde opera el ELN. Estos esquemas de extorsión demuestran cómo los grupos armados monetizan su control territorial.
“En algunos lugares hemos encontrado ese tipo de arena… cuando no tienen la documentación se han hecho verificaciones, incautaciones y han sido puestas a disposición de las autoridades competentes”, dice el coronel Higuera, antes de salir de Amanavén. “Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque obviamente ya los van a relacionar con nosotros (…) Estamos aquí trabajando para garantizar seguridad, pero no hay que confiarse porque lamentablemente sí tenemos presencia de grupos armados en el área”, advierte.
Investigador principal
Bram Ebus
Investigadores
Daniela Castro, María de los Ángeles Ramírez, Emily Costa, Fábio Bispo, Hyury Potter, Isabela Granados, Natalie Barusso.
Portada e infografías
Laura Alcina
Mapas
Natalie Barusso
