El 7 de agosto Abelardo De la Espriella asumirá el cargo. El experto Adam Isacson analiza en esta columna de opinión tres de sus propuestas, respaldadas por la administración Trump, que amenazan con ser un desastre para la Amazonía colombiana, y plantea un camino distinto aún posible.

Por Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, un populista de derecha, elegido por un estrecho margen el 21 de junio, promete una arremetida de proyectos petroleros, mineros y agroindustriales, y ha dicho que su gobierno hará “fracking a lo que dé”. Además, cuenta con el respaldo entusiasta de la administración de Donald Trump, en Washington, que busca intensificar el combate contra lo que denomina «narcoterroristas». ¿Qué significará esto para el frágil y deteriorado ecosistema amazónico?

En Colombia, el segundo país más poblado de Suramérica, la Amazonía equivale al 42,3 % del territorio. Su suroriente, escasamente poblado, está compuesto por bosques y sabanas de una biodiversidad asombrosa que generan agua dulce, capturan millones de toneladas de carbono de la atmósfera y han sido hogar de pueblos indígenas durante milenios. 

Colombia ya ha perdido poco más de 3,3 millones de hectáreas de bosque —un área equivalente a la de Bélgica—, y el problema se agravó en los 2020’s, a medida que los grupos armados de la región se fragmentaron y comenzaron a incentivar la deforestación.

Al igual que sus vecinos, Colombia ya cuenta con leyes razonablemente bien redactadas para proteger su Amazonía. Sin embargo, que dichas leyes se cumplan depende en gran medida de la voluntad política del gobierno de turno.

El país atraviesa hoy una transición hacia un nuevo gobierno. De la Espriella afirma que quiere acelerar la extracción de recursos e intensificar una campaña militar contra la creciente lista de grupos armados y criminales del país. Su retórica hace eco de la que se escuchó en otra nación que vivió un cambio radical de gobierno el año pasado: Estados Unidos, el aliado más cercano de Colombia, su principal socio comercial y su principal fuente de ayuda exterior.

Tres de las propuestas de De la Espriella, respaldadas por la administración de Trump, amenazan con ser un desastre para la Amazonía colombiana.

En primer lugar, el presidente electo quiere abrir áreas hasta ahora intactas a la perforación, la minería, el fracking, el monocultivo y otras actividades extractivas, todas ellas facilitadas por la construcción de nuevas carreteras y oleoductos. Propone ampliar la frontera agrícola —el área del país donde tierras sin cultivar se convierten en cultivos— en casi 1,5 millones de hectáreas en solo cuatro años. Eso equivale al 1,3 % del territorio nacional, un área del tamaño de Connecticut.

En segundo lugar, De la Espriella exige con vehemencia una ofensiva militar de alcance nacional contra el crimen organizado. Es cierto que Colombia necesita liberarse de sus grupos armados y criminales, cuyo pie de fuerza combinado aumentó, según estimaciones, un 23 % entre 2024 y 2025. Están entre los principales responsables de la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas y el desplazamiento de pueblos indígenas. En momentos en que la onza de oro se cotiza por encima de los 4 000 dólares, los carteles, bandas, exguerrilleros y grupos paramilitares de Colombia podrían estar obteniendo, de la minería y la tala ilegales, ingresos al menos equiparables a los del narcotráfico.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Fiscalía General de Colombia, cerca del 85 % de las exportaciones de oro del país proviene de actividades ilícitas. Se trata, principalmente, de minería a cielo abierto o de aluvión que —muchas veces con la complicidad de funcionarios corruptos— opera a plena luz del día y vierte cantidades alarmantes de mercurio y otros contaminantes en ríos que antes eran limpios.

La libertad con la que operan y se enriquecen los grupos criminales de Colombia constituye un desafío mayúsculo. La administración Trump ha definido el fenómeno del crimen organizado a escala hemisférica —al que llama «narcoterrorismo»— como una de las principales amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Ha añadido 18 grupos latinoamericanos y caribeños a la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado, elevando el total a 22. Bajo el nombre de una coalición política denominada «Escudo de las Américas» y un esfuerzo militar bautizado como «Coalición de las Américas contra los Carteles», la Casa Blanca y el Departamento de Defensa ofrecen ayuda militar en todo el hemisferio e instan a los gobiernos a otorgar a las tropas estadounidenses un papel más activo y presencial en operaciones ofensivas dentro de sus propias fronteras.

Pero llamarlos «narcoterroristas» y enviar tropas a matarlos no detiene al crimen organizado: eso ya se ha intentado desde que comenzó la guerra contra las drogas. Incluso los capos más legendarios han sido dados de baja o extraditados a prisiones estadounidenses, y sin embargo el problema no ha hecho más que extenderse. El crimen organizado es más difícil de combatir que las guerrillas o los «terroristas» porque, en realidad, prefiere no enfrentarse a los gobiernos. Aunque atacará si se ve acorralado, su modelo de negocio depende de que el Estado mire hacia otro lado. Eso implica corromper y penetrar al gobierno en todos sus niveles, dejándolo inerme y a sus líderes sin certeza de en quién confiar dentro de su propio aparato estatal.

Esto se agrava por la impunidad de la que han gozado los funcionarios corruptos, mientras fiscales, investigadores y jueces —desbordados y con recursos insuficientes— apenas han logrado hacer mella en el problema. La lucha contra el crimen organizado no funcionará sin un sector judicial robusto que lidere el combate a la corrupción. Soltar las riendas de las fuerzas armadas y enviarlas a combatir, sin un plan claro para frenar la connivencia estatal con los criminales, no «resuelve» el crimen organizado. Cuando se les enfrenta en el campo de batalla, estos grupos se fragmentan, se reconfiguran y se desplazan hacia nuevos territorios: un desenlace que podría ser desastroso —como patear un avispero gigante— en regiones volátiles como las fronteras colombianas con Ecuador y Venezuela.

Una escalada militar unidireccional, no acompañada de una reforma judicial y de otras formas de gobernanza civil, corre el riesgo de generar aún más violaciones de derechos humanos, incluidas más amenazas contra quienes luchan pacíficamente por conservar la Amazonía. Colombia ya es el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, y esa amenaza se agravará si un gobierno que mide mal a su enemigo decide intensificar la violencia.

En tercer lugar, De la Espriella quiere retomar la fumigación aérea de los cultivos de coca, un arbusto de rápido crecimiento cultivado principalmente por pequeños agricultores, quienes procesan mínimamente las hojas y venden el producto a traficantes que luego lo refinan y lo transforman en cocaína. El presidente electo propone atacar el eslabón más pobre de la cadena de suministro de la cocaína aplicando herbicidas desde aeronaves sobre el territorio de la cuenca amazónica, así como sobre otras zonas del país.

La administración Trump respalda esta medida con entusiasmo. Entre 1994 y 2015, año en el que el programa con glifosato fue suspendido por preocupaciones de salud pública, Estados Unidos apoyó la fumigación desde avionetas, que según los reportes eliminó casi 1,8 millones de hectáreas de coca. Durante esos años, el cultivo estimado de coca en Colombia cayó de un máximo de 163 300 hectáreas en el año 2000 a 48 000 en 2012. Para lograr esa reducción de 115 000  hectáreas en 12 años, Colombia tuvo que fumigar 1,5 millones de hectáreas y erradicar manualmente 417 200 hectáreas adicionales.

Es decir, una proporción de casi 17 hectáreas erradicadas por cada hectárea efectivamente reducida, lo que implica una considerable resiembra. En un vacío casi total de presencia estatal y sin alternativas económicas viables, los agricultores solían desplazarse lejos de las avionetas fumigadoras y talar más bosque.

Ahora, Abelardo De la Espriella exige la fumigación aérea de 330 000 hectáreas de coca, que él estima hay sembradas actualmente en Colombia. Los cálculos oficiales dicen que había 261 000 hectáreas en 2024. La Corte Constitucional colombiana ha establecido requisitos importantes que deben cumplirse antes de iniciar una nueva campaña de fumigación aérea, como estudios de impacto ambiental y consultas con comunidades indígenas y afrodescendientes. De la Espriella interpreta que esas restricciones aplican únicamente a la fumigación con glifosato, y propone en cambio rociar «bioherbicidas» —microbios, hongos o extractos vegetales— que podrían alterar de manera catastrófica los frágiles ecosistemas amazónicos.

Para los campesinos que cultivan coca con ingresos apenas por encima del umbral de pobreza, De la Espriella propone ofrecer apoyo para la sustitución por cultivos lícitos. Pero el presidente electo también exige recortar el gasto público en un 40 %, por lo que resulta difícil imaginar un esfuerzo significativo de presencia estatal en las zonas sin gobierno colombiano donde se siembra la coca.

Existen alternativas más prometedoras a estas tres propuestas riesgosas. Colombia necesita una política energética renovable propia del siglo XXI, en lugar de más extracción de combustibles fósiles propia del siglo XIX. Podría asociarse con la empresa privada en una minería sostenible, transparente y regulada que no cause daño, mientras persigue de manera decidida no solo la minería ilegal, sino, sobre todo, la connivencia de los funcionarios corruptos que la hace posible. Proteger los territorios sin gobierno donde se cultiva coca, así como los parques y las reservas naturales, exige establecer una presencia estatal integral que vaya mucho más allá de las patrullas ocasionales de soldados que hoy transitan por ellos.

No deberíamos prejuzgar las políticas de Abelardo De la Espriella antes de que asuma el cargo. Aún puede apartarse de su retórica más exagerada y de sus soluciones más simplistas frente a los desafíos de Colombia. A pesar de haber asesorado y defendido a figuras del crimen durante su carrera como abogado, todavía está a tiempo de impulsar con fuerza una lucha judicial contra la complicidad oficial con los criminales.

Durante su «luna de miel» —que podría ser breve—, el nuevo presidente aún puede optar por estos enfoques más acertados para detener y revertir la destrucción de la Amazonía colombiana. Eso sería mucho más prometedor que una campaña de mano dura que siga erosionando la Amazonía mientras repite los errores del pasado en la lucha contra el crimen organizado.