En Las Claritas, corazón de la región minera venezolana, comenzaron a aparecer fisuras en la alianza entre crimen organizado, poder político y fuerzas de seguridad. Un operativo militar de las Fuerzas Armadas en las minas tomadas por grupos armados irregulares, seguido por el supuesto asesinato del líder del Tren de Aragua, alias “Niño Guerrero”, anunciado por Donald Trump, revela un intento de reorganización del poder en el sur de Venezuela, una región estratégica por sus vastas reservas de oro y su papel en las nuevas negociaciones entre Caracas y Washington.
Fueron tres explosiones que hicieron vibrar ventanas, cortinas y puertas las que asustaron a los habitantes. “¿Qué está pasando?”, se preguntó una mujer en el barrio El Paraíso, que está en el camino a un yacimiento de oro.
“Fue horrible y las personas llegaban llorando y diciendo que habían bombardeado Brisas y que había muertos y heridos”, dijo una vecina del sector Lomas del Sinaí, desde donde aseguró a Amazon Underworld haber escuchado las detonaciones.
-¿Hubo muertos?
-Sí, y heridos también –respondió la mujer.
Sin embargo, hasta la fecha ninguna fuente oficial ha ofrecido un balance.
La mañana del martes 9 de junio, helicópteros sobrevolaron a baja altura las minas de Las Claritas y el Kilómetro 88, en el municipio Sifontes del estado Bolívar. Mientras militares avanzaban hacia campamentos mineros y estructuras controladas por grupos armados, en el pueblo corrían rumores de enfrentamientos, allanamientos y explosiones en zonas auríferas bajo dominio criminal.
Tres días después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video en la red Truth Social. En el centro de la toma aérea se ve una construcción levantada sobre lo que antes fue selva. De techo liviano, armado con placas verdes de lo que parece ser zinc acanalado, un tanque de agua de plástico y al lado otra construcción más pequeña. Un par de segundos después todo explota. Escombros vuelan como papelillos y es lo único visible entre la densa y alta columna de humo negro que se levanta tan alto que alcanza la cámara.
Trump aseguró que el ataque había acabado con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, durante una operación ejecutada en territorio venezolano. Washington no precisó el lugar exacto ni presentó pruebas concluyentes sobre la muerte del jefe criminal. El gobierno de Venezuela tampoco lo hizo.
Durante años, estos enclaves del sur de Venezuela habían operado bajo una dinámica donde organizaciones armadas, actores políticos y sectores de las fuerzas de seguridad coexistían alrededor del negocio del oro.
A cinco meses de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de seguridad de Estados Unidos —que abrió la puerta a la renovada relación entre el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez y el de Trump— y a casi tres meses desde que Caracas expidiera una nueva ley de minas —que contempla el regreso de la inversión extranjera—, esta secuencia de hechos sugiere una posible reorganización del poder en el sur de Venezuela.
El movimiento de tropas, la intervención sobre enclaves dominados por “El Sistema” y la presunta neutralización del “Niño Guerrero” parecen marcar el inicio de una nueva etapa en la disputa por el control de lo que se conocía como el Arco Minero del Orinoco, una zona definida en 2016, pero que ya no aparece con ese nombre en la nueva regulación minera.
¿QUÉ ES LAS CLARITAS?
Las Claritas es un poblado de intensa actividad comercial con un continuo tránsito de motos, sencillas construcciones de madera, zinc y concreto, y un caótico tendido eléctrico que falla hasta 16 horas al día. La calle principal está a medio asfaltar y las transversales son de tierra rojiza. En los comercios, en lugar de cajas registradoras hay balanzas para pesar el oro y el bolívar, como moneda, no existe. A diferencia de otros lugares de extracción de oro, algunas minas están a 10 minutos del pueblo.
Ese mismo lugar es uno de los núcleos de minería más grandes de Venezuela y el continente. Ubicado en el municipio Sifontes, al sureste del estado Bolívar, Las Claritas está cerca de Las Cristinas, uno de los yacimientos más grandes del mundo (el quinto para 2016), con reservas probadas de 16,9 millones de onzas de oro.
La profunda crisis económica, social y política en la que ha estado Venezuela los últimos 15 años ha convertido a Las Claritas en un destino al que van civiles de todas partes del país, muchos son profesionales transformados ahora en mano de obra barata, que buscan en el oro la manera de sobrevivir. No solo ellos han buscado refugio en esta localidad, sino también grupos armados irregulares nacionales y extranjeros que al encontrar en el oro una fuente económica que sustenta sus actividades ilícitas, han tomado el control del sur del país.
En la parroquia San Isidro, donde están Las Claritas y Kilómetro 88, la población censada es de aproximadamente 15 mil personas, pero la cantidad real bordea las 70 mil, según fuentes locales, si se toma en cuenta los mineros que trabajan ahí como población flotante.
Por más de una década, Las Claritas ha estado sometida y controlada por la organización criminal que se autodenomina “Sindicato de Juancho” o “Sistema”. Y ese nombre no es casual: el grupo armado funciona como un sistema de gobernanza criminal.
Detrás de los yacimientos de Las Cristinas hay enormes intereses corporativos. La minera canadiense Crystallex perdió su contrato de explotación cuando Venezuela lo rescindió en 2011 y ganó un arbitraje internacional contra el Estado por 1.400 millones de dólares.
Otra empresa, Gold Reserve, corrió una suerte similar tras la expropiación de su proyecto Brisas en 2009, y logró un laudo de 740 millones de dólares. Ambas compañías llevan años intentando cobrar.
Tras la captura de Maduro, Gold Reserve anunció su regreso y denunció que sus yacimientos estaban siendo explotados “con tecnología china bajo la dirección del Cartel de los Soles”. Irónicamente, ese mismo mes, el Departamento de Justicia estadounidense modificó silenciosamente la acusación contra Maduro, reconociendo que el Cartel de los Soles no era una organización criminal real sino un sistema de patronazgo y corrupción.
Gold Reserve, junto a Augusta Capital, pretende desarrollar el ahora llamado proyecto Siembra Minera, que combina los depósitos de Brisas y Las Cristinas, que alberga reservas de aproximadamente 52,2 millones de onzas de oro.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LAS CLARITAS?
Las Claritas y el Kilómetro 88 vivieron la semana pasada un intenso despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la movilización de grupos armados organizados. Según algunos reportes, durante la operación también se registraron inspecciones a infraestructuras de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), sobrevuelos en helicóptero y desalojo de campamentos mineros en el yacimiento aurífero Las Cristinas.
Para entonces, se sostenía que el fin de ese despliegue táctico podría ser la búsqueda y neutralización de líderes del pranato, un sistema de liderazgo criminal nacido en las prisiones venezolanas.
Antes de la creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco, que expandió la explotación de recursos minerales en el sur, ya las minas venezolanas estaban bajo el dominio y la ‘ley’, no del Estado, sino del crimen organizado.
En Sifontes, la figura del “Sistema” está liderada por Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho” o «Negro Juancho» y el segundo al mando “Humbertico”. También está presente el Tren de Aragua, con Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”. Como parte de la misma dinámica minera, esta organización está relacionada con otras actividades ilícitas (tráfico de drogas, de armas y explotación sexual), pero no hay detalle sobre el acuerdo con “Juancho” y “Humbertico” para instalarse allí.
Habitantes de Las Claritas entrevistados mencionan que escucharon de la presencia de alias “Niño Guerrero” en la región desde hace un año. “Se dice que entraba y salía, pero en estos días, hace como un mes, la gente comentaba que él estaba aquí”, dijo una de las fuentes, que pidió no ser identificada.
En la última década, además, ha habido reportes de incursión del colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio Sifontes, pero en Las Claritas han sido “Juancho”, “Humbertico” y “Petrica” quienes han detentado el poder criminal.
Un día antes del operativo, el lunes 8 de junio, se propagaron en las redes sociales noticias falsas sobre la posible incursión de militares estadounidenses en enclaves mineros, lo que fue desmentido por el gobierno y organizaciones no gubernamentales.
La tensión se agudizó significativamente el miércoles 10 de junio. Tras cumplirse más de 24 horas continuas de presencia militar, una comisión conformada por militares, miembros del Ministerio Público y representantes de los ministerios de Desarrollo Minero y Ecosocialismo exigieron la desocupación inmediata de los yacimientos, advirtiendo a los mineros que cualquier posibilidad de recibir apoyo gubernamental o de lograr una futura «legalización» de sus labores estaba estrictamente condicionada a que abandonaran las minas.
En respuesta, pobladores y mineros cerraron la entrada del pueblo en la Troncal 10, la principal vía que conecta la región y comunica con Brasil, como medida de protesta, y exigieron el cese inmediato de la incursión armada y el respeto a los derechos humanos de los habitantes del sector.
Simultáneamente, organizaciones no gubernamentales levantaron la voz. SOS Orinoco señaló que existía el riesgo de que se tratase de “una intervención centrada únicamente en la fuerza militar, sin un enfoque integral”. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió también sobre la posibilidad de que se pudiesen llevar a cabo detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, como —dice— sería el caso del “Niño Guerrero”.
“Los habitantes del territorio en conflicto no sienten que han combatido ninguna estructura de crimen organizado en las minas. Lo dijeron con estas palabras: ‘Fue solamente potes de humo, como siempre’. Están reorganizándose (…) Todas esas personas locales que fueron obligadas de una manera u otra a convivir y coexistir con las bandas criminales van a tomar el control para seguir con el legado de sus ‘jefes’”, afirmó una fuente que vive y conoce bien la zona.
GRUPOS ARMADOS EN LAS CLARITAS
En la región opera principalmente la organización criminal conocida como el “Sindicato de Las Claritas”, también referida como el “Sindicato de Juancho” o denominada localmente como “El Sistema”. Ellos controlan las minas de oro de la zona a través del cobro de extorsiones o «vacunas» a mineros y comerciantes a cambio de permitirles trabajar y brindarles “protección”.
Pero hay otros grupos en el municipio Sifontes: la banda del “Negro Fabio” en El Dorado, liderada por Fabio Enrique González Isaza; y la Organización R, también conocida como 3R, en Tumeremo, liderada por Eduardo José Natera Balboa, alias “Run”. Todas mantienen pactos de no agresión entre ellas.
Los líderes criminales empezaron a llegar a los municipios de El Callao, Sifontes y Roscio desde 2006, de acuerdo con información del medio El Pitazo.
Tres factores hicieron el negocio llamativo: el alza de los precios del oro; el desmantelamiento de la estatal minera CVG Minerven, cuyas instalaciones fueron invadidas —en algunos casos por estas bandas armadas— y demolidas; y la complicidad con funcionarios del Estado. Así se fueron asentando progresivamente y apoderándose de yacimientos mineros, utilizando para ello también la violencia.
La presencia de grupos armados en Bolívar, particularmente en la zona minera, no es reciente ni ha sido espontánea. Lejos de ser una pérdida de control accidental por parte del Estado, la ocupación fue deliberadamente permitida y auspiciada. Múltiples fuentes aseguran que “El Sistema” mantiene acuerdos y alianzas con altos funcionarios estatales y militares. Esas mismas alianzas les habrían ayudado a conseguir armas y vender el oro extraído de manera ilegal de las minas que controlan.
Un informe de enero de 2016 revelaba que el gobernador Francisco Rangel Gómez y el general Julio César Fuentes Manzulli brindaron protección, impunidad y armamento a los líderes criminales de los pueblos mineros desde al menos el 2006 y durante casi 14 años.
Incluso en época electoral, quienes mandan influyen en el voto. “Aquí te presionan para votar por el PSUV”, aseguró una vecina que confirmó que el grupo armado participa en las movilizaciones de los mineros hacia los centros electorales y se asegura de que todos voten por el oficialismo. El testimonio fue corroborado con otros habitantes.
En una oficina ubicada en la parte trasera de la gallera “Trago amargo”, propiedad de “Juancho”, y que fue saqueada durante la convulsión en Las Claritas, había un cuadro de Simón Bolívar y Hugo Chávez y otras fotografías de figuras del chavismo: Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, los exministros Tarek El Aissami y Carlos Osorio y el exgobernador Ángel Marcano.
¿QUIÉNES MANDAN EN EL SISTEMA?
Estos son los personajes relacionados con la historia de Las Claritas y la región minera.
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LA MUERTE DEL «NIÑO GUERRERO»
Trump no dio fechas, coordenadas o alguna otra explicación. Solo celebró el “éxito” de ese “ataque cinético”, “rápido y letal” junto a los “amigos” de Venezuela. Fue el ministro de Guerra, Pete Hegseth, quien confirmó que lo asesinaron dentro de Venezuela, en “un complejo del Tren de Aragua”, “a principios de esta semana”.
Una hora después, el gobierno de Venezuela también lo confirmó y dijo que el fallecimiento ocurrió durante un “enfrentamiento” al sureste de Bolívar, en la zona minera, sin detallar la ubicación exacta. El Ministerio de Comunicación dijo que la operación fue coordinada con los Estados Unidos, pero no dio detalles.
De acuerdo con los testimonios recabados en la región por Amazon Underworld, el único bombardeo y detonación de gran magnitud en Las Claritas se registró el martes 9 de junio en el sector Brisas del Cuyuní.
Otras fuentes locales señalaron que varios jefes del crimen organizado huyeron antes del ataque, y pusieron en duda la muerte de Guerrero. “Es muy necesario y urgente que haya pruebas convincentes”, dijeron.
Una persona que accedió a hablar con Amazon Underworld bajo la reserva de su nombre aseguró que más de una vez escuchó decir que el “Niño Guerrero” llegaba a jugar gallos en “Trago amargo”, una gallera propiedad de “Juancho”, donde se realizaban reuniones con funcionarios del gobierno y apostaban miles de dólares y oro.
LAS CLARITAS HOY
Después del sobrevuelo de los helicópteros, otra fase de la operación comenzó por tierra: agentes con los rostros cubiertos ingresaron a algunas propiedades de los líderes visibles de la banda y ejecutaron allanamientos.
“Luego los funcionarios le dijeron a la gente que se metieran a las casas y se llevaran lo que quisieran”, comentó una mujer que asegura haber escuchado a los funcionarios.
Y así fue. Decenas de personas ingresaron a las propiedades de “Juancho”, “Petrica” y “Humbertico” y cargaron con todo lo que pudieron: ropa, electrodomésticos y hasta animales. Incluso un sofisticado sistema de seguridad fue desmantelado.
También hubo destrozos en la gallera “Trago Amargo”, pero una escena llamó la atención: a pesar del allanamiento y los saqueos, el cuarto donde estaban los gallos no fue violentado y los animales permanecían intactos, al menos hasta el domingo 14 de junio, según constató Amazon Underworld.
Desde la mañana del sábado 13 de junio, los, habitantes de Las Claritas reportaron que en la zona de “El Mecate”, se estaba realizando una reunión “de alto nivel” con Héctor Silva, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, y presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), donde se plantearon medidas para reorganizar la actividad aurífera en la zona.
El gobierno también anunció la creación de una Oficina de Atención al Minero, descrita como “un espacio de articulación directa para dar respuesta oportuna y eficaz a las realidades del sector”. Esto como parte de su “compromiso” por “seguir transformando las zonas mineras, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y consolidando una actividad soberana, segura y plenamente sustentable”.
Controlar el territorio para impulsar las inversiones y aumentar en 30 % la producción de oro durante 2026 fue la promesa que hizo la presidenta encargada Delcy Rodríguez en enero. Esto se sustentó con la reforma de la Ley Orgánica de Minas promulgada el 16 de abril de 2026, que flexibiliza la participación privada en las actividades mineras.
El miércoles 10 de junio, mientras persistía la incertidumbre en Las Claritas, se emitió un nuevo paquete de licencias generales por parte la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que actualiza las autorizaciones para operaciones energéticas y mineras venezolanas. Sobre el sector minero, específicamente, se emitieron las licencias 51B y 54A.
La 51B permite a las entidades estadounidenses establecidas realizar transacciones para extraer, comercializar y movilizar minerales de origen venezolano, incluyendo el oro. Mientras, la 54A se enfoca en la provisión de equipos y soporte, permitiendo a personas estadounidenses (o desde los Estados Unidos) proveer suministros y servicios para operar minas en Venezuela.
Hasta el momento, ninguna autoridad nacional o local ha brindado explicaciones detalladas sobre el operativo. Mientras tanto la incertidumbre reina y sigue en pie la posibilidad de que los líderes criminales que huyeron regresen o que se desate una nueva ola de violencia.
“Eran muy visibles. Hacían eventos para Día de las Madres y día de los niños. Les gustaba que la gente los viera entregando regalos. Ellos eran el gobierno aquí. Porque los funcionarios venían aquí solo a buscar su oro”, dijo una vecina del Kilómetro 88.
Un minero que esperaba un bus para marcharse a su casa en Caicara del Orinoco, a unos 250 kilómetros, donde ejercía como técnico electricista, dijo que mientras continúen los operativos y no se sepa a ciencia cierta quién manda en el pueblo, no cree que sea un lugar seguro. “Lo que se ha desatado es un vandalismo. Lo que estamos haciendo ahorita es salvando nuestras vidas. ¿Cómo yo me quedo aquí en una población donde no se sabe qué va a pasar?”, comentó.
En medio de lo que a simple vista puede parecer ser la caída del gobierno criminal de facto en Las Claritas, hay muestras de lealtad. En varias calles del pueblo hay grafitis con la frase “no al saqueo” y una protesta en la que participaron unas 50 personas cuestionaba cómo se ejecutó el operativo, defendiendo la “gestión” del “Sistema”. “Yo sí espero que regresen”, afirmó un hombre que reconoció haber tenido un vínculo con la organización, sobre todo en actividades culturales y sociales.
Mientras tanto el ambiente de tensión y la sombra del control criminal siguen presentes en Las Claritas. Un hombre en moto que apareció durante la protesta les dijo a los pobladores: “Guarden sus teléfonos. Escuchen lo que les voy a decir y no me graben. De aquí no se van a mover hoy. Se quedan aquí, no salgan a trancar la calle ni nada. La actividad es aquí”, explicó el hombre. Todos obedecieron la orden.
