En las tierras fronterizas colombo-venezolanas, desde áridas y rocosas áreas de sabana cerca del río Orinoco hasta densas y ricas extensiones de selva amazónica, yacen algunos de los minerales más codiciados de la Tierra. Su existencia evidencia una contradicción brutal: los minerales críticos esenciales para las tecnologías de energía verde y defensa se extraen mediante operaciones que destruyen comunidades indígenas, afectan ecosistemas vitales y alimentan la violencia guerrillera, mientras las potencias globales compiten por estos mismos recursos para construir lo que llaman futuro sostenible. Aquí, donde las comunidades indígenas han vivido durante milenios, tiene lugar un nuevo tipo de invasión.
Los minerales críticos están en territorios indígenas y áreas protegidas
Vastas extensiones de territorio venezolano rico en minerales críticos y tierras raras son controladas por guerrilleros colombianos. “Ellos tienen mucha gente armada. Tienen el control de todo y sigue pasando lo mismo. Lo único que cambió es que ahora la mayoría de los indígenas están ahí, con ellos”, dice un joven indígena venezolano a quien llamaremos Carlos* por razones de seguridad. Describe cómo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se apoderó de áreas ricas en coltán, mineral de estaño y elementos de tierras raras en el suroeste del país. El ELN está ahora en el origen de un nuevo auge minero.
La mayor parte de la extracción ocurre en los estados venezolanos de Amazonas, donde la minería está prohibida por decreto, y Bolívar, en donde se extiende la zona minera decretada por el gobierno en 2016, llamada Arco Minero del Orinoco. Aunque es difícil precisar con exactitud, hay cierto consenso en que la extracción rudimentaria comenzó aproximadamente hace 15 años en el municipio de Cedeño, cerca de un lugar llamado Morichalito, próximo al área de Parguaza.
El Arco Minero del Orinoco
Los mineros indígenas han estado extrayendo coltán desde principios de la década de 2010, llevando secretamente las piedras a compradores al otro lado de la frontera. “Nosotros pasábamos bastante coltán para (Puerto) Carreño (departamento de Vichada), bien escondido porque si no, nos lo quitaban”, dice un minero a quien llamaremos Josué*, para resguardar su identidad.
En la entrevista describe cómo llevaban sacos de piedras hacia ‘El Burro’, un caserío y punto de conexión clave entre los estados Bolívar, Apure y el Orinoco, antes de transportarlas por las noches, a través del río, hacia Colombia, a un asentamiento informal en las afueras de Puerto Carreño, llamado ‘La Rampla’.
A partir de 2010, cuando se aceleró la carrera global por los minerales críticos, los compradores comenzaron a aparecer y los mineros locales fueron desplazados de sus sitios de extracción. Carlos y Josué cuentan que cientos de combatientes armados del ELN comenzaron a apoderarse de los sitios mineros más productivos en 2023, trayendo más trabajadores a la región.
Cuando la guerrilla tomó el control, líderes indígenas fueron cooptados, amenazados y comprados por las fuerzas irregulares. Aquellos que no querían trabajar bajo el régimen guerrillero pudieron continuar solo secretamente por las noches en puntos de minería ocultos.
En Amazonas y el noroeste del estado Bolívar, donde se localizan la mayoría de las minas de minerales críticos, el frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el grupo disidente de las antiguas FARC, Frente Acacio Medina de Segunda Marquetalia, ambos grupos incluidos en la lista de organizaciones terroristas de EE.UU., operaron en una alianza que dividía el territorio y las minas mientras compartían rutas de narcotráfico.
Una reunión para discutir este pacto de no agresión, renegociado a principios de 2025, contó con la asistencia de varios empresarios que comercializan minerales críticos. El acuerdo tenía como objetivo continuar con el comercio sin interrupciones. Sin embargo, esta alianza de conveniencia llegó a un final brutal en agosto de 2025 cuando miembros del ELN emboscaron y mataron a varios mandos de liderazgo del Frente Acacio Medina, en un intento por tomar el control total de las tierras fronterizas ricas en recursos.
Desde 2023, las minas bajo control guerrillero se expandieron rápidamente cuando mineros externos fueron llevados al área. Los mineros de la región dicen que pagan una cantidad de mineral (piedras que contienen coltán y estaño), usualmente 1kg, para acceder a las minas. En lo profundo de la selva, a veces a una distancia de tres a siete días de caminata, los mineros indígenas se encuentran trabajando las rocas mientras las fuerzas guerrilleras observan y compradores “chinos” llegan en helicópteros, según varios testimonios recopilados por Amazon Underworld.
La destrucción significativa de la selva y la rápida deforestación que acompaña las operaciones a gran escala alarman a los mineros locales. “Derrumbaron todo, derrumbaron los caños, hicieron un aeropuerto, eso está horrible”, describe un minero, el mayor de todos con los que pudimos conversar.
“En dos o tres años todo ese Río Parguaza estará contaminado porque ya están entrando muchas máquinas, y máquinas de alto calibre. No es lo que yo quiero. Estamos dañando el ambiente. Trabajando en la tierra, en las balsas (mineras), uno daña el ambiente, contamina el agua, el aire. Son muchos químicos los que se utilizan para trabajar ahí. No es lo que yo quiero, uno no sabe lo que puede pasar en el futuro”, reflexiona otro trabajador, habla lento y bajo, casi en secreto, a pesar de saber que está en territorio colombiano.
La preocupación se extiende más allá de la contaminación inmediata hacia las consecuencias a largo plazo para las comunidades locales. “Sí, me gustaría dictar charlas a los niños sobre esto, porque es la vida para nosotros, el río, todo. De este río se benefician miles de personas, pero hay un caos contaminante ahí, un río envenenado”, dice.
En Amazonas, el estado vecino a Bolívar, la extracción de minerales críticos también ocurre en tierras indígenas. En territorio Piaroa en Manapiare, Autana y en el municipio de Atabapo, balsas fluviales que también extraen oro buscan y sacan minerales críticos.
Combatientes armados colombianos, compradores brasileños, “chinos” y fuerzas estatales cómplices actúan juntas para explotar los minerales, aunque eso signifique invadir territorios indígenas. La historia se repite: valiosas materias primas provenientes de tierras ancestrales, como antes fue el caucho o más recientemente el oro, están siendo extraídas mediante graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y redes comerciales ilegales.
“Tenía 13 años cuando comencé a trabajar en esto”, dice una fuente, refiriéndose a la extracción de minerales críticos. “Hay muchas reglas que cumplir con ellas y si no las cumples, te matan”, asegura. Tanto en los estados Amazonas como Bolívar, los grupos armados controlan las áreas mineras con puño de hierro. Un informe de 2020 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó que en las regiones mineras de Venezuela se implementa el trabajo infantil forzado y que han sido lugar de asesinatos masivos, desapariciones forzadas, además de violencia sexual.
Los grupos guerrilleros también controlan el trabajo sexual en las áreas mineras. “La guerrilla es el que vende a las mujeres por oro”, explicó una fuente, describiendo cómo los grupos armados obtienen ganancias de la explotación sexual de las mujeres.
Mineros y miembros de la comunidad aseguran que los grupos armados controlan inclusive las rutas de acceso, intimidan a la gente, exigen que no lleven teléfonos a las minas o los obligan a mostrar sus teléfonos para inspecciones.
También describen torturas, castigos corporales y ejecuciones sumarias. Aquellos que roban repetidamente enfrentan consecuencias particularmente brutales. “Agarraron a un muchacho que ya había robado tres veces, le dieron tres oportunidades y no supo aprovecharlo. Llegó una mujer guerrillera, lo arrodilló. Yo llegué en ese instante, lo vi arrodillado con las manos atrás. Le dio dos tiros en la cabeza”, relata una fuente originaria de ese territorio. Asegura que la mujer era integrante del ELN.
Otro minero relató la existencia de calabozos improvisados en la selva, donde los prisioneros pueden permanecer sin comida durante días. “Tienen una cárcel con alambre de púa. No tienen comida ni agua porque les han castigado, pero no podemos hacer nada o nos meten ahí también”, dice.
Municípios donde los grupos armados colombianos tienen presencia
Los grupos armados también reclutan nuevos miembros de las comunidades locales, incluyendo menores de edad. En el estado Amazonas, un minero narró cómo fue citado por la guerrilla. “Cuando llegué allá había muchos guerrilleros, eran más que la población indígena y ellos eran los que mandaban ahí”, recuerda. Cuando le pidieron unirse, la intervención del jefe indígena local de la comunidad le dio tiempo. “Tuve que salir de urgencia sin que nadie se diera cuenta”. En áreas bajo control de disidentes de las FARC, el reclutamiento se volvió tan extendido que en 2022, una comunidad entera de la tribu Warekena se fue para prevenir que sus jóvenes fueran llevados.
La situación refleja un patrón global creciente. “Una amenaza inminente crece cada vez más: la carrera por los minerales críticos para la transición energética global, gran parte de los cuales se encuentran en territorios de Pueblos Indígenas o cerca de ellos», dijo António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, a principios de este año. “A medida que aumenta la demanda presenciamos desposesión, exclusión y marginación en la toma de decisiones, además de que los derechos de esos pueblos son pisoteados y su salud puesta en peligro, todo mientras se les niegan los beneficios que merecen”.
Mientras más de 8 millones de venezolanos han huido del país debido a la profunda crisis humanitaria, política y económica, quienes se quedaron luchan por subsistir. Los salarios del sector público ascienden a algo más que unas pocas decenas de dólares estadounidenses al mes y trabajar en las minas puede aumentar sustancialmente los ingresos de una persona. De esta manera, la pobreza se convierte en el músculo de la industria minera ilegal, impulsando a venezolanos desesperados hacia trabajos de extracción peligrosos en áreas remotas de la selva controladas por grupos armados.
“Bueno, el sueldo mínimo son tres dólares. Y el bono que dan es de 100 dólares”, explica un maestro indígena. “En un día que logre sacar ocho kilos (de piedras que contienen minerales críticos) sobrepaso ese valor y me da para sostenerme. La comida deja de ser un problema porque hay bastante piedra, claro, cuando uno la consigue. Pero no me siento humillado haciendo esto como sí me siento allá en Puerto Ayacucho”, dice refiriéndose a la capital del estado Amazonas.
“¡Qué voy a estar haciendo yo ganando en un mes lo que puedo ganar en un día! Con esto podemos sustentarnos varios días. Yo me quedo por lo menos dos semanas y luego vengo para acá a visitar a mi familia. Mi papá es profesor y no le alcanza para comer, come solo tres días con el sueldo que tiene. Él solo, sin hijos, y nosotros somos seis”, dice otro minero.
Sin embargo, la mayoría de los mineros locales e indígenas no tienen conocimiento sobre el verdadero valor de lo que están extrayendo. Les pagan alrededor de US$ 10 por kilogramo, como si pagaran por huevos mientras obtienen caviar.
Los grupos armados obtienen ingresos de diferentes formas de la minería ilegal. Las operaciones mineras son “gravadas”, lo que significa que una parte de la producción es entregada a grupos armados no estatales, o ellos controlan directamente y por lo tanto poseen el producto de las minas, o negocian en nombre de otros compradores que adquieren directamente el mineral.
Pero el despojo de los venezolanos no para ahí. Tanto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lejos de garantizar la soberanía e integridad territorial del Estado, el orden interno, la protección de las fronteras o la seguridad ciudadana y ambiental ante la presencia de estos grupos armados extranjeros, vigilan el acceso de terceros a las minas y recolectan sobornos, relatan múltiples fuentes. Esto sucede en puntos de control en carreteras de tránsito local o cerca de las minas. “De entrada para las minas están los puntos de control. Por ahí nadie sale, solamente ellos, que están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela”, dice un minero de la región.
Investigador principal
Bram Ebus
Investigadores
Daniela Castro, María de los Ángeles Ramírez, Emily Costa, Fábio Bispo, Hyury Potter, Isabela Granados, Natalie Barusso.
Portada e infografías
Laura Alcina
Mapas
Natalie Barusso
